El Gobierno de Israel ha convocado este lunes al embajador de España en Tel Aviv, Manuel Gómez-Acebo, para expresarle una protesta formal por el voto español a favor en Naciones Unidas de la creación de una comisión internacional sobre la muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos de soldados israelíes. España secundó el pasado viernes la apertura de una investigación independiente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, junto con otros 28 países, entre ellos Eslovenia y Bélgica, miembros de la Unión Europea.
Solo dos naciones —Estados Unidos y Australia— se opusieron a la creación de la comisión para indagar si la respuesta armada del Ejército hebreo supuso una violación de los derechos humanos. Otros 14 países —como fue el caso de los comunitarios Alemania, o Reino Unido— decidieron abstenerse.




Israel rechaza habitualmente las condenas procedentes de los órganos de la ONU por la acción de sus Fuerzas Armadas, ya que considera que ejerce el derecho a la legítima defensa en la lucha contra el terrorismo. El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, salió al paso el mismo viernes de la decisión del Consejo de Derechos Humanos al advertir que Hamás —el grupo islamista que gobierna de facto en la Franja palestina— “es una organización terrorista que se sirve cínicamente de la sangre de los habitantes de Gaza”. “Esa sangre”, enfatizó el ministro para la diplomacia pública del Estado judío, “está en las manos de los países que apoyaron la resolución”.

Un portavoz de Asuntos Exteriores informó de que, además del embajador Gómez-Acebo, ha sido convocado este lunes en la sede del Ministerio en Jerusalén, el representante diplomático de Eslovenia, en tanto que el martes los será también el de Bélgica. Fuentes diplomáticas occidentales confirmaron que la protesta diplomática fue formulda por la directora general para Asuntos Europeos del Departamento, Rodica Radian-Gordon. La diplomacia española aprovechó la cita para trasladar al Gobierno isarelí una queja por el trato infligido al corresponsal de EL PAÍS el pasado jueves por agentes israelíes en el paso fronterizo de Erez cuando regresaba de informar sobre la situación en Gaza.

Precisamente este lunes, el Gobierno español ha acordado a petición de la ONU ayudas económicas “para atender a las urgentes necesidades humanitarias surgidas en Gaza”, con el objetivo de paliar “la escasez de medicamentos y de equipamiento médico” en el enclave palestino. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Cooperación Española va a aprobar una subvención de 600.000 euros para acciones sanitarias en Palestina de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otra de igual cuantía para el Comité Internacional de la Cruz Roja. En siete semanas de protestas ante la valla de separación de Gaza han perdido la vida 119 manifestantes palestinos y varios millares han sufrido heridas de bala por disparos de francotiradores israelíes. Los hospitales de la Franja se han visto desbordados ente el aluvión de ingresos con graves lesiones.

El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ya convocó al embajador de España el día de Navidad de 2016 tras el voto unánime de condena en el Consejo de Seguridad de la ONU —con la sola abstención de EE UU— a los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. En ausencia del entonces enviado diplomático de España, Fernando Carderera, acudió el encargado de negocios en Tel Aviv, Miguel Moro, titular de la segunda jefatura de la legación.

Como represalia a la aprobación de la resolución 2334, que declaraba una vez más ilegales las colonias en territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, el Gobierno hebreo canceló los viajes oficiales a los 12 países que votaron a favor, y ordenó a sus funcionarios que se abstuvieran de reunirse con representantes de sus respectivas Administraciones. España ejercía en ese momento la presidencia por turno del Consejo de Seguridad.